RODRÍGUEZ-JARABA & ASOCIADOS es una firma de Abogados fundada en 1.990, especializada en Derecho Corporativo, Derecho de Sociedades, Derecho Comercial, Derecho Financiero, Derecho de Negocios Internacionales, Derecho de Propiedad Intelectual y Régimen de Insolvencia Empresarial.
CULTURA ETICA & PRACTICA LEGAL DE NUESTRA FIRMA.
La debida protección de los derechos de nuestros clientes y la custodia integral de sus intereses en armonía con el respeto a la Constitución, las Leyes, y las Instituciones, demarcan el ámbito de nuestra gestión profesional.
Nuestra cultura está inspirada en los más altos principios de justicia y equidad, y en el respeto por las normas que regulan el estado social de derecho y que protegen la iniciativa privada, la libre asociación y la libertad de empresa.
Nuestra práctica legal se fundamenta en nuestro ideario de valores éticos y en nuestra rigurosa noción de transparencia y solvencia profesional.
La prestación de servicios eficientes, eficaces y justos son pilares de nuestra declaración de principios.
La firma privilegia en su práctica, la aplicación del Derecho Preventivo, que impone el ejercicio sistemático del estudio y el análisis previo de las consecuencias legales que conlleva la toma de decisiones, la contratación, la administración de riesgos, y la asignación de recursos físicos o financieros.
El ejercicio del Derecho Preventivo permite el uso cuidadoso y racional de los medios y recursos disponibles de las empresas, asegurando la obtención de mayores rangos de certeza y seguridad en la administración.
La firma presta servicios de ASESORÍA JURÍDICA & CONSULTORÍA CORPORATIVA en las ciudades de Cali y Bogotá, y cuenta con oficinas corresponsales en Ecuador, Venezuela, Panamá y los Estados Unidos.
La firma, presta Asesoría Jurídica Especializada a empresas del sector privado, a agencias del estado colombiano, a misiones de organizaciones internacionales destacadas en Colombia, así como a entidades sin ánimo de lucro.
Nuestra practica especializada incluye soluciones profesionales en las áreas de:
*Derecho de Sociedades.
*Derecho Comercial y Empresarial.
*Derecho Económico y Financiero.
*Derecho del Comercio Internacional.
*Derecho de la Propiedad Intelectual.
*Derecho de la Competencia.
*Régimen de Insolvencia Empresarial.
*Conciliación y Arbitramento.
SERVICIO PERMANENTE DE CONSULTORÍA JURÍDICA & ASISTENCIA LEGAL.
Nuestra firma presta servicio permanente a empresas que por la naturaleza y tamaño de sus actividades mantienen un flujo constante de negocios que requieren de permanente protección de sus derechos e intereses.
EL SERVICIO PERMANENTE DE CONSULTORÍA JURÍDICA & ASISTENCIA LEGAL, permite a la empresa, disponer de acompañamiento profesional y de asesoría jurídica en todas las actuaciones propias de la administración, facilitando la adopción oportuna de decisiones con la debida seguridad jurídica.
EL SERVICIO PERMANENTE DE CONSULTORÍA JURÍDICA & ASISTENCIA LEGAL, posibilita a las empresas, el conocimiento y la debida aplicación de la normatividad jurídica, asegurando el ejercicio de sus derechos y evitando dificultades y conflictos.
EL SERVICIO PERMANENTE DE CONSULTORÍA JURÍDICA & ASISTENCIA LEGAL, promueve en las empresas, el análisis previo de consecuencias jurídicas en la toma de decisiones para minimizar el riesgo de incurrir en conflictos y dificultades.
EL SERVICIO PERMANENTE DE CONSULTORÍA JURÍDICA & ASISTENCIA LEGAL, le imprime mayor certeza a los actos de la dirección de las empresas y hace más segura la administración de los riesgos y del capital comprometido en el giro de los negocios.
ATENCIÓN & TIEMPO DEDICADO.
De acuerdo al volumen de necesidades, la firma dedica el tiempo que resulte necesario para atender y resolver los asuntos que requieran de estudio y análisis jurídico, así como para solucionar conflictos y asesorar a la dirección de las empresas en la toma de decisiones que puedan favorecer o comprometer sus derechos, intereses o autonomía.
Adicionalmente, cada vez que los clientes lo requieren, la firma los asesora en el estudio y análisis de oportunidades o dificultades, y en la solución de conflictos incidentales.
La firma ofrece acompañamiento presencial a sus clientes en negociaciones, transacciones o conciliaciones, así como asesoría en técnicas de negociación y solución alternativa de conflictos.
PUBLICACIONES.
Para apoyar la gestión empresarial de nuestros clientes, la firma edita mensualmente la publicación “MEMORANDO EMPRESARIAL”.
“MEMORANDO EMPRESARIAL” es una publicación de Derecho Empresarial, que reseña informaciones y artículos de análisis jurídico sobre leyes, decretos, proyectos de ley, reglamentos, sentencias, providencias y cualquier tipo de actos administrativos o judiciales que por su contenido y alcance sean de interés para el sector empresarial.
La firma produce para sus clientes documentos de análisis y de diagnostico jurídico sobre temas sobrevinientes que incidan en las actividades empresariales, y elabora conceptos legales sobre situaciones especificas que así lo requieran.
La firma produce mensualmente artículos de análisis jurídico para la compañía LEGIS, S.A. y LEGISCOMEX.COM. Así mismo, elabora para periódicos y revistas, columnas de opinión jurídica sobre temas nacionales e internacionales de interés empresarial.
4/1/10
EDUCACION, CORRUPCION Y JUSTICIA.
RAFAEL RODRIGUEZ-JARABA
Muchos son los males que agobian a la democracia colombiana, que socavan su estabilidad, que lesionan su dignidad y que minan la credibilidad en sus instituciones. La corrupción encabeza la lista, y los estragos que su práctica produce, ensombrecen el camino y desalientan la esperanza.
La corrupción antes que ceder, se acrecienta. Los entuertos en la contratación pública aumentan; las componendas se apoltronan en los despachos públicos; la autoridad se vende; la justicia actúa con pasmosa lentitud; la impunidad prospera, y, todo, ante la mirada tolerante de una sociedad resignada, amistada con el facilismo y la relajación como consecuencia del rotundo fracaso de un sistema educativo, eficiente para informar, mas no para formar.
Es alarmante el aumento de los abusos, las contravenciones y los delitos, y peligrosa la renuencia de muchos ciudadanos a acudir a la justicia por tener serias dudas sobre su eficacia. Esta apatía compromete la sostenibilidad de la sociedad, obstruye la gobernabilidad del estado y aplaza la construcción de la paz. Si bien el país ha estado acostumbrado a la inobservancia de la ley, su distanciamiento de ella, cada día es mayor.
La situación, es grave y exige de una reacción firme y vigorosa por parte del estado. Al presidente Uribe, aun le queda tiempo, y de seguro energía, para emprender una cruzada contundente y sin antecedentes contra la corrupción. Si algo ha hecho por combatirla, su esfuerzo ha sido insuficiente, o al menos, inferior a ella.
Los medios, los gremios, los trabajadores, los estamentos del estado y la nación entera, liderada por el Presidente, mediante una convocatoria amplia e incluyente, deberíamos de concertar y suscribir un “Pacto Social” para detener, o al menos, disminuir la corrupción campeante que nos está envileciendo y pauperizando.
A pesar de que son pocos los delitos que se denuncian, la capacidad del sistema judicial está desbordada, en parte, porque el sistema financiero copa la mitad de ella, y porque son muchos los procesos intencionalmente abandonados.
El Congreso de la República debería desistir de tramitar reformas inútiles, como la financiera, y revivir la institución jurídica de la “Perención”, remedio contra la negligencia procesal, que acabaría con la dilación deliberada de litigios, y con el deprimente hacinamiento de expedientes en los despachos judiciales.
Si la educación formativa es el fundamento de la civilidad, la justicia es el garante de su permanencia. Es utópico pensar en progreso y bienestar sin justicia. Nada más esencial para una sociedad, que universalizar la educación y fortalecer la justicia. Vivificar la democracia supone, una administración de justicia eficiente y eficaz; carente de discriminación; administrada por ciudadanos eméritos, poseedores de virtud, ciencia y sabiduría.
Por complejos que sean los problemas que aquejan al sistema judicial, es imperioso encontrar soluciones que los resuelvan antes que utilizar la inmovilidad como instrumento de apremio para encontrarlas. Nada justifica, que en una nación civilizada se suspenda el servicio público de administrar justicia. Mal procede la rama judicial cuando deja a la nación huérfana de justicia, y peor aun, el Estado, cuando no prospecta oportunamente sus sentidas necesidades.
El gobierno debe sumar a sus empeños la declaratoria de guerra a la corrupción y la ejecución de una denodada política de apoyo a la justicia. Por su parte los educadores profesionales deberían de reflexionar sobre la eficacia de su papel como formadores de ciudadanos de bien.
Muchos son los males que agobian a la democracia colombiana, que socavan su estabilidad, que lesionan su dignidad y que minan la credibilidad en sus instituciones. La corrupción encabeza la lista, y los estragos que su práctica produce, ensombrecen el camino y desalientan la esperanza.
La corrupción antes que ceder, se acrecienta. Los entuertos en la contratación pública aumentan; las componendas se apoltronan en los despachos públicos; la autoridad se vende; la justicia actúa con pasmosa lentitud; la impunidad prospera, y, todo, ante la mirada tolerante de una sociedad resignada, amistada con el facilismo y la relajación como consecuencia del rotundo fracaso de un sistema educativo, eficiente para informar, mas no para formar.
Es alarmante el aumento de los abusos, las contravenciones y los delitos, y peligrosa la renuencia de muchos ciudadanos a acudir a la justicia por tener serias dudas sobre su eficacia. Esta apatía compromete la sostenibilidad de la sociedad, obstruye la gobernabilidad del estado y aplaza la construcción de la paz. Si bien el país ha estado acostumbrado a la inobservancia de la ley, su distanciamiento de ella, cada día es mayor.
La situación, es grave y exige de una reacción firme y vigorosa por parte del estado. Al presidente Uribe, aun le queda tiempo, y de seguro energía, para emprender una cruzada contundente y sin antecedentes contra la corrupción. Si algo ha hecho por combatirla, su esfuerzo ha sido insuficiente, o al menos, inferior a ella.
Los medios, los gremios, los trabajadores, los estamentos del estado y la nación entera, liderada por el Presidente, mediante una convocatoria amplia e incluyente, deberíamos de concertar y suscribir un “Pacto Social” para detener, o al menos, disminuir la corrupción campeante que nos está envileciendo y pauperizando.
A pesar de que son pocos los delitos que se denuncian, la capacidad del sistema judicial está desbordada, en parte, porque el sistema financiero copa la mitad de ella, y porque son muchos los procesos intencionalmente abandonados.
El Congreso de la República debería desistir de tramitar reformas inútiles, como la financiera, y revivir la institución jurídica de la “Perención”, remedio contra la negligencia procesal, que acabaría con la dilación deliberada de litigios, y con el deprimente hacinamiento de expedientes en los despachos judiciales.
Si la educación formativa es el fundamento de la civilidad, la justicia es el garante de su permanencia. Es utópico pensar en progreso y bienestar sin justicia. Nada más esencial para una sociedad, que universalizar la educación y fortalecer la justicia. Vivificar la democracia supone, una administración de justicia eficiente y eficaz; carente de discriminación; administrada por ciudadanos eméritos, poseedores de virtud, ciencia y sabiduría.
Por complejos que sean los problemas que aquejan al sistema judicial, es imperioso encontrar soluciones que los resuelvan antes que utilizar la inmovilidad como instrumento de apremio para encontrarlas. Nada justifica, que en una nación civilizada se suspenda el servicio público de administrar justicia. Mal procede la rama judicial cuando deja a la nación huérfana de justicia, y peor aun, el Estado, cuando no prospecta oportunamente sus sentidas necesidades.
El gobierno debe sumar a sus empeños la declaratoria de guerra a la corrupción y la ejecución de una denodada política de apoyo a la justicia. Por su parte los educadores profesionales deberían de reflexionar sobre la eficacia de su papel como formadores de ciudadanos de bien.
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